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EL DíA QUE PROHIBIERON LA LEALTAD

El 17 de octubre de 1965 la Confederación General del Trabajo, como parte del plan de resistencia contra la proscripción del pero­nismo, convoca a celebrar Día de la Lealtad en el Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires, contando con la adhesión de diversas fuerzas políticas, entre las que se contaron el Partido Unión Popular, el Partido Justicialista (entonces proscripto), el Partido Socialista Argentino y el Par­tido Socialista Argentino de Vanguardia.
Jaqueado por su propia debilidad congénita y acosado por la oligarquía y sectores de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Arturo Humberto Illia, ele­gido presidente en 1963 por un porcentual de votos inferior al 25%, cede a las presiones disponiendo la prohibición del acto que igualmente se realizó y en el que se produjeron choques entre los manifestantes y la policía con un saldo de varios cientos de detenidos.
Dos días después, el ministro del Interior, Juan Palmero, es interpelado en el Congreso de la Nación donde justifica la decisión oficial a partir de vagos argumentos basados en supuestos sentimientos de temor del pueblo ante la posibilidad de que se desaten hechos de violencia. Menciona como agravante la presencia de Isabel Martínez (Isabelita), llegada al país unos días antes enviada por Juan Domingo Perón con la misión de frustrar la candidatura a gobernador de Mendoza de un dirigente peronista a quien el líder justicialista considera poco confiable. Cabe destacar que, duran­
te su estadía en el país, Isabelita es custodiada por jóvenes militantes del Movimiento Nueva Argentina, uno de los primeros grupos peronistas de derecha, tomando además contacto, por primera vez, con José López Rega quien desde entonces se convertirá en su secretario privado, iniciando una carrera personal que lo llevaría a convertirse en pieza clave del tercer go­bierno peronista.
Es en la madrugada del 20 de octubre cuando el diputado Juan Carlos Coral hace uso de la palabra, en nombre de la bancada del Socialismo Argentino, para cuestionar la sinceridad de los argumentos del ministro Palmero y denunciar la decisión oficial como parte de un programa ya iniciado de re­corte de las libertades políticas que, en suma, no eran más que la incipiente puesta en práctica de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” con que, una década después, las Fuerzas Armadas justificarían la aplicación del terrorismo de estado.
Pero en su denuncia, Coral lleva su planteo todavía más allá, convocando a los legisladores y dirigentes a evadir la trampa de una lucha puramente simbólica, exigiendo posicionamiento y definiciones concretas frente a los problemas de alcance histórico que atravesaba la coyuntura política y eco­nómica del país. La controversia en torno a la concentración de la tierra, la liberación nacional y las formas de desarrollo económico, eran las cues­tiones esenciales del debate del momento, para las cuales la disputa entre peronismo y antiperonismo carecía de valor determinante.
Reproducimos a continuación el texto de aquella intervención de Coral por su valor como testimonio de una época y por la vigencia que sigue manteniendo.
Sr. Presidente (Mor Roig): Tiene la palabra el señor diputado Coral.
Sr. Coral: Más allá de la especulación de los oportunistas y de la histeria de los gorilas, con la brevedad que la prudencia impone a esta altura de la ma­drugada, voy a sintetizar el pensamiento del bloque socialista argentino. Como hombre de la joven generación comenzaré por deplorar el tono en que se ha desarrollado este debate. Parecería que algunos sectores sólo tie­nen aptitud para combatir contra espejismos. Por momentos el recinto se nos ocurría como poblado de absurdos quijotes acometiendo contra ar­tificiales molinos de viento, como si de esa manera dejaran satisfecha su necesidad de vivir constantemente evadiéndose de la realidad. Nosotros vinimos a este debate con la esperanza de escuchar, objetivamen­te, graves elementos de juicio que pudieran justificar la suspensión del acto del 17 de Octubre. Pero nos encontramos, en cambio, con el relato de una serie de hechos y episodios menores que ya habían tenido profusa difusión en toda la prensa del país. Y vimos, además, al señor ministro incursio­nando constantemente en el peligrosísimo terreno de la reglamentación administrativa de derechos constitucionales.
I
Lo observamos como ubicado en lo alto de un tobogán por el que, frecuen­temente, se deslizan los gobernantes hacia un progresivo cercenamiento de todos los derechos esenciales. Nos dijo que graves alteraciones del orden público, con resultado de le­siones y daños en los bienes, habían obligado al Poder Ejecutivo a tomar la determinación que nosotros impugnamos. Pero resulta incomprensible que la Policía Federal, invicta en todas las represiones obreras, haya resulta­
do impotente para contener a un reducido grupo de «hijos de mamá». Y es insostenible además la explicación de algún señor diputado que aludió con tono dramático a un sentimiento de temor que se ha apoderado del pueblo argentino. ¿Cuál es el origen de ese supuesto sentimiento de temor? ¿Aca­so la presencia de una elegante y atractiva viajera, que no tiene militancia política y que ha llegado al país presumiblemente, no para desencadenar la subversión sino para solucionar problemas internos del movimiento peronista? No, señor presidente; lo que ha irritado a nuestra oligarquía no es la pre­sencia de Isabelita Martínez, sino el hecho de que la mayoría de los trabaja­dores argentinos se mantenga unida dentro de un partido político, maguer los diez años en que se han intentado todos los procedimientos para elimi­narlo, desde la proscripción hasta las negociaciones, y desde la anulación de comicios hasta los fusilamientos. La prohibición del acto implica, en definitiva, un serio avance del Poder Ejecutivo sobre derechos esenciales. No debemos contemplarlo como un episodio aislado sino como inserto dentro de un proceso perfectamente definido.
II
La gravedad de la actitud oficial es mayor en este caso, porque el «respeto sagrado» por los derechos de la democracia ha sido, tal vez, el último gran basamento que sustenta al actual gobierno; instalado a favor de una gene-rosa expectativa popular, lentamente se ubica en un perfecto continuismo, que hemos denunciado reiteradamente; un continuismo antiobrero y an­tinacional, inaugurado en 1955 por el gobierno de Aramburu y afianzado por Arturo Frondizi a partir de 1958.
Podríamos decir que las banderas del radicalismo del pueblo están a me­dia asta: del espectacular anuncio de la anulación de los contratos leoni­nos de petróleo, sólo ha quedado una política contradictoria en perjuicio del interés nacional, que esta Cámara tendrá que debatir exhaustivamente. Aquellos alardes de independencia frente a los organismos financieros in­ternacionales se fueron convirtiendo en una aceptación incondicional de los mismos compromisos que ayer se impugnaron enardecidamente. El mi­nistro Pugliese a principios de junio pronunció un discurso a la altura de los más célebres del ministro frondizista Álvaro Alsogaray. Y aquel anuncio de la reforma agraria «inmediata y profunda» que deter­minó la adhesión de vastos sectores campesinos al actual presidente, se fue diluyendo con el correr del tiempo en sucesivas prórrogas a la ley de arren­damientos que afianzaron la incertidumbre y dejaron intactas las estructu­ras feudales del campo argentino. La decisión del Poder Ejecutivo está inserta en un proceso iniciado y esti­mulado por nuestra oligarquía y por el imperialismo. Nosotros denunciamos en esta Cámara que todos aquellos enemigos ver­gonzantes de la clase trabajadora se escudan en la lucha anticomunista para combatir realmente contra los intereses del proletariado y de la Nación. Dijimos que la campaña macartista desatada en el país y en el continente se resolverá en última instancia en una lucha abierta contra el movimiento obrero. Y este hecho, este episodio, aparece dentro del proceso como una suerte de culminación de toda esta campaña, produciéndose —para que no queden dudas— simultáneamente con la suspensión de la personería gremial a una organización sindical, hecho que nuestro bloque denunció antes de la sesión.
III
Incluso la fecha del 17 de Octubre no se ha tomado por casualidad para asestar el primer golpe contra el derecho de reunión.
Sr. García: ¿En qué sesión denunciaron ustedes la suspensión de la perso­nería gremial de una organización sindical?
Sr. Coral: He dicho que antes del comienzo de la sesión el bloque socialista argentino produjo una declaración en la que denunciaba la suspensión de la personería gremial del sindicato gastronómico como la iniciación de un proceso contra el movimiento obrero.
Sr. García: Entendí que el señor diputado aludía a una denuncia formulada en una sesión de la Cámara, quizá en la misma sesión en que el señor dipu­tado Muñiz aludía al patriotismo del presidente de la República.
Sr. Coral: El señor diputado que acaba de interrumpirme ha negado reite­radamente la validez de las citas previamente desglosadas del texto. Por la misma razón yo le pido que no utilice esa cita del ex diputado Muñiz, en forma aislada, porque tiene otro sentido y otra intención de la que insinúa el señor diputado García.
Sr. García: Tengo el recuerdo, nada más.
Sr. Coral: Decía que este proceso ha culminado de alguna manera con el episodio que consideramos, estimulado por una oligarquía que incita cons­tantemente al gobierno a adoptar medidas de represión y no se escogió, decía, la fecha del 17 de Octubre por una simple coincidencia. El 17 de
Octubre significa, en el calendario del país, la presencia ostensible del pro­letariado nativo que aparece reclamando su plena participación en el pro­ceso institucional y político de la República. Nosotros hubiéramos querido que aquel 17 de Octubre esos trabajadores lle­gados desde el interior, que constituían un dato sociológico original dentro del país, hubiesen atravesado los puentes portando banderas socialistas, con una clara conciencia de clase que les permitiera bajar a la lucha con absoluta responsabilidad histórica. Pero los procesos no se cumplen siempre como las previsiones teóricas los anuncian. Y nosotros, que no queremos ser simples declamadores de utopías, deseamos comprender los procesos para integrar­nos en ellos y fecundarlos. Este del 17 de Octubre es un hecho fundamental en la historia de la clase trabajadora argentina; lo queremos destacar objetiva­mente y sin retaceos sectarios. No es por casualidad o por error que ya enton­ces la ciudad burguesa, extranjerizada y extranjerizante, recibió agresivamente a aquellos obreros que llegaron reclamando justicia, calificándolos con des­precio y petulancia de «cabecitas negras»; y no es tampoco casual que un típi­co representante de la burguesía definiera aquel movimiento como «aluvión zoológico» agraviando, más que al peronismo, a toda la clase obrera criolla. Desde aquel preciso momento todas las luchas políticas del país están sig­nadas por la pretensión burguesa de excluir de la política y de la demo­cracia a ese sector de trabajadores que es profundamente revolucionario porque es profundamente argentino y porque está sumido en las últimas escalas de la explotación social. Veinte años después, la prohibición del acto significa de algún modo la ex­presión resucitada del odio de la burguesía y de los sectores antinaciona­les contra ese movimiento que, por encima de los decretos cercenando el derecho de reunión y por encima de las proscripciones políticas, buscará irremediablemente su cauce porque es un componente fundamental de la historia política de nuestros días.
IV
La actitud del Poder Ejecutivo está dirigida contra la clase trabajadora y contra todos los sectores que interpretan lúcidamente el proceso argentino. En esta misma Cámara hace poco tiempo se llegó a reclamar la interven­ción de las universidades, la anulación de las autonomías universitarias, ¡invocando el argumento antidemocrático de la existencia de marxistas! Y esta misma tarde un diputado de la bancada conservadora llegó a admitir la necesidad de romper el orden constitucional siempre y cuando el avance comunista nos pusiera en peligro; se refería, por cierto, al avance de un co­munismo con “k”, como lo definimos hace algunas sesiones, y que muy bien ridiculizaba hace un momento el señor diputado Vedia. No es casual, señor presidente, que la policía se muestre particularmente agresiva con los sectores proletarios del país. Hemos denunciado incansa­blemente toda suerte de intervenciones abusivas y vejatorias en esas pobla­ciones dantescas que son las villas miseria, donde el capitalismo ha sepulta­do a centenares de miles de familias obreras llegadas del interior y donde no rigen derechos constitucionales ni legales de ninguna naturaleza. El viernes pasado, concretamente en la villa Martín Güemes —tome nota el señor ministro— personal de la Policía Federal penetró atropellando vivien­das y familias, en un procedimiento cuyos objetivos desconozco. Tampoco es casual que en una reciente celebración del movimiento peronis­ta no ya trabajadores anónimos sino un trabajador que además es diputado de la Nación, fue violentamente agredido por la policía, por un oficial que está individualizado y al que no se le aplicó ninguna sanción. Esta recrimi­nación la formulo, más que al señor ministro, a la propia Cámara, unas veces tan celosa para resguardar sus privilegios, pero que en esta ocasión mantiene el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales esperando debajo de la mesa, no sé qué oportunidad extraordinaria para considerarlo.
Estamos viviendo en un estado de libertad; pero no nos engañemos ni sea­mos ingenuos ni encubramos la realidad. Se trata de una libertad condicio­nada. La democracia liberal burguesa es, en definitiva, una dictadura de la clase capitalista sobre la clase trabajadora, y cada vez que un movimiento obrero se manifiesta con la fuerza y la madurez indispensables para enfren­tar las estructuras del poder, aflora la dictadura que estaba latente y se con-creta a través de medidas aisladas como la que hoy consideramos o a través de hechos abiertamente dictatoriales, como el que produjo en sus últimos minutos el gobierno del doctor Frondizi, anulando elecciones en las que habían triunfado los candidatos del Partido Peronista.
V
Nosotros no vamos a participar del diálogo peronismo-antiperonismo agi­tado una vez más en este recinto; no vamos a participar porque lo consi­deramos definitivamente perimido en la República. No entraremos en diá­logos simbólicos, ni combatiremos contra espejismos; que unos toquen el bombo y otros canten la marchita de la libertad. Nosotros queremos alinear a los argentinos en torno a las grandes definiciones esenciales; queremos que cada uno diga si está con el latifundio o con la reforma agraria; si está con el imperialismo o con la liberación nacional; si está con un desarrollo económico armonioso, equilibrado, al servicio de la Nación, o con un de­sarrollo económico deformado y al servicio de los monopolios extranjeros. En torno a esos grandes dilemas queremos dar las batallas. Por eso felicito a los diputados peronistas por la decisión con que han defendido su derecho a celebrar una fecha tan grata para ellos; los felicito por la combatividad con que defienden todos sus símbolos, pero me permito también exhortar­los a que esa misma combatividad y ese mismo espíritu de lucha lo utilicen
para definirse en las grandes cuestiones nacionales, porque no podría ex­plicarse una contradicción flagrante entre esa combatividad para defender los símbolos y la «buena letra» para firmar despachos en coincidencia con el gobierno y con las fuerzas de la derecha. Termino señalando que si el gobierno quiere mantener el orden debe em­plear todas sus fuerzas preventivas para contener los factores de perturba­ción que se avizoran en el país, y que no son los trabajadores ni los parti-dos políticos, sino los grupos golpistas desesperados por asaltar el poder, mediante el recurso del cuartelazo, que cultivan con verdadera dedicación profesional. Que las medidas preventivas las oriente para detener el golpe constante­mente en acecho. Por lo demás, con decretos restrictivos o con actitudes de represión, sabe el gobierno y sabe toda la burguesía que es imposible variar el rumbo de la historia. Podríamos aquí repetir una opinión muy cara a todos los diputados bur­gueses, la de Kennedy, cuando advirtió que aquellos que se empeñan en impedir la revolución pacífica, harán inevitable la revolución violenta. En definitiva, la revolución social es inevitable; nosotros queremos plantear los reales dilemas del país, para que esa revolución no sorprenda a los argenti­nos en una lucha bizantina por imponer reflejos o simbolismos. No nos damos por satisfechos con las razones traídas por el señor ministro; sinceramente, esperábamos elementos de juicio de la gravedad indispensable para justificar una medida de esta magnitud; nos vamos del debate esperan­do que el diálogo apasionado que acaba de conmover este recinto se repita cuando la Cámara considere los grandes problemas que afligen al país.

Alfredo Palacios

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