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¿SOCIALDEMOCRACIA O SOCIALDESGRACIA?

Un dirigente de la izquierda española, Rafael Castaño Rendón,

expuso recientemente en un portal muy difundido en ese
país, denominado Kaos en la Red, una detallada tesis acerca
del desenvolvimiento de la crisis del capitalismo europeo y del
comportamiento de la izquierda continental frente a ella. Para titular
su análisis, escogió la frase que encabeza nuestro artículo, bajo
el supuesto de que el desempeño de la socialdemocracia en el Viejo
Continente ha sido una real desgracia.
El texto difundido en la citada red informática alude al desenvolvimiento
histórico de los diferentes partidos socialdemócratas en los
países pertenecientes al citado espacio geográfico antes y durante la
presente debacle económica y social que envuelve a la gran mayoría
de tales sociedades nacionales.
En esta contribución a la tradicional revista representativa del ideario
socialista en la Argentina, nos proponemos, además de comentar
el comportamiento de los partidos políticos europeos que pertenecen
a la Internacional Socialista, formular algunas consideraciones
puntuales sobre el caso latinoamericano.
El fin de la II Guerra Mundial trajo aparejado para el grueso de los
países europeos y más precisamente para los situados en el occidente
del continente —ya dividido por la Guerra Fría— un derrotero
económico-social marcado por la difusión del Estado de Bienestar,
el crecimiento económico vigoroso y la creciente equidad en la distribución
personal del ingreso. La reconstrucción de las estructuras productivas en la Europa no- comunista, fuertemente castigada por
la Guerra, se hizo con decidido apoyo norteamericano (Plan Marshall
mediante) y la presencia en el poder político de una alianza
firme de corrientes mayoritarias representadas por el socialismo(o
la socialdemocracia) y la democracia cristiana. Esta alianza, que fue
rápidamente dejando de lado a los respectivos partidos comunistas,
que en algunos casos participaron en los primeros gobiernos de la
posguerra, fue encabezada por la vertiente democristiana en Italia
y Alemania y por las corrientes de inspiración socialdemócrata en
Francia, Austria y los países escandinavos. En Gran Bretaña, se impuso
sin solución de continuidad el neto predominio del laborismo
inglés. Basó el éxito de su gestión de largo plazo (los 30 años “dorados”
entre 1945 y 1975) en la fuerte intervención estatal, a través de
una política keynesiana de expansión del gasto público en sectores
clave como salud y educación, en el fortalecimiento del salario real y
en la presencia del Estado en áreas de la economía vitales para asegurar
una política económica que evitara la influencia de grandes concentraciones
productivas en manos privadas. Incluso, se sucedieron
alternancias en el poder, como en Alemania.
Ninguna de las experiencias citadas se atrevió a postular el cambio
del sistema económico-social, pero sí acentuó el criterio de pleno
empleo, consumo interno vigoroso y políticas sociales ampliamente
redistributivas. Había que detener la influencia del comunismo, que
compartía la geografía europea desde el Este, y para ello la política
debía satisfacer las aspiraciones de los trabajadores y la clase media
para impedir que fueran atrapadas por el modelo que los desafiaba
tras la mal llamada “cortina de hierro”.
Este proyecto comenzó a debilitarse notoriamente cuando una nueva
fase de acumulación capitalista viró hacia la competencia internacional,
la consideración del salario como un costo para triunfar en esa
aventura competitiva y no como un componente básico de la demanda
global. La presencia de poderosos grupos económicos, apoyados
por el capital financiero, comenzó a cuestionar el modelo del Estado de Bienestar, que era muy costoso e imponía una carga impositiva
elevada para financiarlo y ello corroía la capacidad competitiva de los
sectores productivos cada vez más concentrados.
La crisis del capitalismo “con rostro humano” mundial se afirmó a
mediados de los 70 cuando se impusieron la revolución tecnológica,
con la introducción de los instrumentos de la informática, y los nuevos
procedimientos técnicos ahorradores en fuerza de trabajo para
bajar costos y aumentar la producción. El emergente modelo de comunicaciones
se fue transformando en una herramienta de vínculo
internacional veloz y de uso masivo.
La supremacía socialdemócrata y las alianzas tejidas con el predominio
del Estado de Bienestar fueron paulatinamente depreciándose.
Hacia fines de siglo, había surgido un mundo diferente, con el capital
financiero en franco ascenso como opción valedera para incrementar
la tasa de ganancia de los grupos económicos concentrados
y un mercado mundial que se fue unificando en tiempo y espacio,
basado en el intercambio de mercancías con tecnologías que disminuían
costos a enorme velocidad. El pleno empleo desapareció como
objetivo alcanzable y el surgimiento de la desocupación estructural,
la expansión consecuente del ejército industrial de reserva y la legislación
social en permanente cambio para adaptar el costo laboral
a las nuevas condiciones de competitividad internacional dañaron
seriamente los ingresos de los asalariados y su inserción estable en el
mundo del trabajo.
La disyuntiva que se le planteó al modelo de capitalismo neoliberal
en marcha —con un Estado crecientemente ausente en su rol de
compensador del deterioro de la relación salarial— era muy simple.
Se trató de hacer surgir un camino alternativo que, al tiempo que
conservara el papel estratégico del consumo de los sectores sociales
bajos y medios como motor del crecimiento económico, descartara
el incremento de los salarios como insumo básico de la demanda
global. Este último instrumento para aumentar capacidad de compra
quedaba totalmente descartado, pues hubiera dañado costos y perjudicado la capacidad competitiva de las empresas ampliamente volcadas
al intercambio comercial internacional. Al tiempo que el negocio
financiero mostraba rápidos signos de supremacía sobre el productivo
para asegurar tasas de ganancia solventes, en Estados Unidos
y Europa se afirmó el rol de los bancos, ensanchando el crédito al
consumo para asegurar salida a la producción, en lugar de expandir
nóminas salariales.
Si lo arriba expresado implicó el creciente facilitamiento del crédito
en forma desmedida a los consumidores, ya sea de bienes para la
subsistencia cotidiana como otros que hacían al confort hogareño
(la amplia gama de productos electrodomésticos y electrónicos en
permanente adecuación a las innovaciones tecnológicas), el papel de
los Estados también se modificó. El gasto público se incrementó tratando
de no ser financiado con mayor presión tributaria, que podía
dañar la preciada competitividad empresarial. El déficit público de
los países capitalistas desarrollados y los de la periferia del sistema
internacional se financió en el caso de Estados Unidos de América,
por medio de un festival de bonos estatales. En Europa, los Estados,
en particular los de aquellos países de menor nivel de desarrollo relativo,
acudieron al crédito bancario interno y externo, sobre todo para
sostener el consumo y la inversión pública sin incrementar impuestos.
Este procedimiento se fue haciendo más generalizado entrado
este siglo, cuando las dificultades económicas de varios de esos países
comenzaron a hacerse notorias y los ingresos fiscales fueron insuficientes
para cubrir el nivel del gasto público. La banca francesa y sobre
todo la alemana encabezaron la lista de instituciones financieras
que aumentaron sensiblemente la entrega de créditos a tales países.
Así sobrevino, cuando el peso del juego financiero alcanzó un techo
imposible de sostener, la crisis de los años 2008 y 2012. En Estados
Unidos de América, a fines de la década pasada, el crédito bancario
al consumo personal alcanzaba ya 130% del consumo interno de bienes
y servicios por las familias. Los créditos insolventes, como el de
las hipotecas y el del consumo, comenzaron a deteriorar el sistema bancario hasta que llegó el momento en que la incertidumbre y la
falta de cancelación de un alto porcentaje de los mismos provocaron
en todo el mundo desarrollado un pánico generalizado que produjo
serias corridas bancarias y quiebras de instituciones financieras de
todo tipo. Los Estados salieron a endeudarse para salvar a los bancos
y aumentaron los déficits financieros públicos. Y en no pocos
casos, como en la Argentina de 2001, entraron en una situación de
insolvencia concreta o potencial. De allí, restaba un solo paso para
que se produjera una caída de los mercados, una fuerte reducción
del consumo, desaparición de empresas por falta de demanda y la
consiguiente aceleración del desempleo. El cierre del poderoso banco
norteamericano Lehman Brothers fue el detonante en setiembre
del 2008. Pero la declinación económica y los problemas de créditos
impagos ya tenía varios años y nadie se dispuso a ordenar el proceso
en la economía de los países “centrales” para buscar una solución
preventiva en una situación tan crítica. Este particular proceso se vio
alentado, además, por una creciente relocalización industrial, desde
los países centrales, en especial Estados Unidos, hacia el sudeste
asiático a fin de producir bienes similares a los que se obtenían en
el Primer Mundo, pero en un espacio geográfico con salarios mucho
más bajos. Se pretendía, pagando el costo social de disminuir el
empleo en los países industrialmente desarrollados, producir a más
bajo costo por parte de las grandes multinacionales y poder competir
internacionalmente en condiciones más exitosas.
Frente a este cambio abrupto y singular del escenario nacional e internacional
en los países europeos y en la primera potencia mundial
a través de la primacía del modelo de capitalismo neoliberal con eje
en el negocio financiero y bancario con exclusión social, la socialdemocracia
europea y el Partido Demócrata en Estados Unidos se
quedaron sin libreto.
La globalización económica y financiera ingresa, a fines de la primera
década de este siglo, en una etapa muy crítica, que se destaca por el
derrumbe de su capacidad de crecer y de ofrecer suficientes plazas laborales a sus habitantes. El aliciente que hasta entonces funcionaba
para mantener activa la demanda interna de los países europeos y de
Estados Unidos de América se convierte, inesperadamente para sus
propugnadores, en inútil, dada la aguda desestabilización del sistema
bancario con cierres de varias de las fuentes tradicionales de oferta
de crédito. En Estados Unidos, se destacan, además de la quiebra de
Lehman Brothers, la caída de los dos institutos crediticios más importantes
del país para el otorgamiento de hipotecas a quienes desean
construir o adquirir viviendas. En Europa, los bancos líderes de
varios países, como Gran Bretaña, España y Grecia, sufren extracciones
masivas de depósitos y se encuentran al borde de su derrumbe.
Para poder remontar la aguda crisis, el capitalismo concentrado ve
peligrar su por entonces principal fuente de generación de ganancia
—el aparato financiero— y, al mismo tiempo, debe decidir cómo reconstituir
el tejido productivo y salvar el sistema bancario.
Este último se halla duramente afectado y sus mentores claman por
el apoyo estatal para salvar al sistema. La economía real declina significativamente
y genera una singular baja tanto en la dotación de empleo
como en los niveles de producción de las empresas que aportan
bienes y servicios a los mercados, que ven declinar su disponibilidad
de demanda solvente.
Las sociedades nacionales, entonces, se encuentran desde el punto de
vista político ante una opción decisiva: o ponen todos sus esfuerzos
en recomponer a cualquier costo el aparato financiero o despliegan
una política anticíclica de perfil expansionista. La primera responde
a las aspiraciones y exigencias de los dueños del poder económico. La
segunda está dirigida hacia los sectores mayoritarios que conforman
la masa consumidora, que pretenden recuperar el nivel del empleo
para reiniciar el crecimiento y asegurar, para el futuro, la no repetición
de experiencias de carácter traumático, como la experimentada
desde el año 2008.
El poder económico reacciona de forma inmediata. En Estados Unidos,
pone a disposición del sistema bancario y de las grandes empresas fondos estatales en gran magnitud para intervenir bancos de
primera línea, aportando toda la liquidez necesaria para evitar la
quiebra de entidades financieras y firmas multinacionales. Ello implica
un incremento desmesurado de la deuda pública y un rotundo
mentís a que el mercado, con su funcionamiento liberado de regulaciones,
es capaz de recomponer una situación desequilibrante en la
evolución del ciclo económico, como lo constituyó su fuerte y generalizado
retroceso.
Por el otro lado, los partidos socialdemócratas, tradicionalmente integrados
por los sectores del trabajo y de la producción, deberían
haber enfrentado con todas sus fuerzas que los apoyos financieros se
centraran exclusivamente en los bancos en situación crítica. Y haber
exigido o propiciado, desde los gobiernos de los que formaban parte,
que el accionar local e internacional se dirigiera a aliviar las penurias
de los sectores productivos.
En el cierre del decenio inaugural del siglo, la socialdemocracia europea,
como heredera de una tradición política claramente sostenida
en defensa de los intereses de los trabajadores y los sectores populares,
se encontró enfrentada a una opción de la cual no podía escapar.
Ante el desafío de encarar políticas que tiendan a reconstruir
el perfil económico-social de los países del continente, fuertemente
dañados por la fase más aguda de la crisis, desatada en el año 2008,
debía escoger uno de dos posibles caminos: o dejarse conducir por
los dueños del poder, que pretendían priorizar la salvación del sistema
financiero antes que cualquier otro sector de la sociedad por más
que fuera mayoritario y no hubiese sido responsable del desmadre
generalizado, o dar cuenta de su historia e impulsar una nueva fase
en el desarrollo del régimen de acumulación imperante asumiendo la
integral defensa de los sectores sociales que decía representar.
En un texto escrito hace tres años, un distinguido catedrático en
economía de origen catalán resumió esta disyuntiva y explicó la vía
adoptada por la socialdemocracia. “El declive de la socialdemocracia
se ha basado primordialmente en el distanciamiento y/o renuncia de muchos partidos socialdemócratas de las políticas inspiradas en el
Estado de Bienestar. Es a partir de los años setenta y ochenta que
gran número de estos partidos fueron apartándose de tales políticas,
adaptándose a los principios del neoliberalismo que se constituyó
en la ideología dominante en la construcción de la Unión Europea”
(Vincenc Navarro. “La crisis de la socialdemocracia en Europa”. En
revista digital Sistema, Barcelona, 18 de junio de 2010).
El rumbo escogido por los partidos socialdemócratas de ningún
modo debe sorprender dado que, al momento en que se produce la
fuerte caída de la ocupación y el empleo en los países desarrollados,
ya transitaba un proceso de vaciamiento ideológico y de abandono
de sus consignas históricas fundamentales.
El fenómeno del agudo retroceso ideológico se agudizó, entrada la
segunda década de este siglo, cuando las políticas económicas y sociales
impuestas por los sectores dominantes en los países europeos
se orquestaron de tal modo de instalar la estrategia de la “austeridad”,
es decir, el ajuste permanente como herramienta para asegurar a los
bancos del continente, en particular a los alemanes, la recuperación
de los créditos otorgados a los gobiernos de los países más endeudados.
Ya vimos, en términos generales, cómo el endeudamiento privado
y público se expandió en las décadas previas como mecanismo supletorio
para recuperar capacidad de pago de la población y recursos
para las arcas fiscales de los países deudores. Este proceso se acentuó
en el lapso inicial de la crisis cuando los gobiernos acudieron al endeudamiento
masivo para lograr fondos dirigidos al salvataje de los
respectivos sistemas financieros. Ante la imposibilidad concreta de
la banca concentrada europea, los gobiernos de los países acreedores
decidieron poner en marcha una política destinada a asegurarse
la recuperación de los ingentes fondos prestados. Así instalaron la
llamada “austeridad”, que no resultó ser otra cosa que la reedición a
escala europea del ajuste estructural implantado en América Latina
diez años antes, para recuperar la abultada deuda pública existente.
La política económica impuesta por la Troika (conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión
Europea) en defensa del sistema bancario de los países cuyos
principales bancos habían otorgado financiamiento a los gobiernos
deudores supuso una nueva vuelta de tuerca que se sumaba a la debilitada
situación de los aparatos productivos y el tejido social de los
países que debían devolver los créditos y se encontraban imposibilitados
de hacerlo.
En varios de esos países (España, Portugal y Grecia, entre otros), gobernaban
partidos socialdemócratas y, así como no optaron por un
camino de retorno a las políticas keynesianas del Estado de Bienestar
en la primera fase de la crisis, volvieron a traicionar sus principios
históricos y fueron, poco a poco, aceptando las exigencias de la
Troika.
Lo paradojal de esta trágica historia es que en los tres países citados,
en el transcurso de los dos últimos años, los gobiernos encabezados
por los respectivos partidos socialistas o socialdemócratas debieron
presentarse a elecciones parlamentarias para renovación de los mandatos
populares. En los tres casos, debido a su activa participación en
el proceso de apertura a las políticas de austeridad impuestas por los
representantes internacionales de los acreedores, fueron derrotados
en las urnas y reemplazados por gobiernos de centroderecha, gobernando
solos o en coalición bajo su hegemonía.
¿Cómo interpretar que mayorías electorales que representan el ideario
de los que imponen el ajuste y la destrucción del Estado de Bienestar
hayan logrado triunfar cuando la población de los respectivos
países ya estaba siendo motivo de una fuerte reducción de su condición
social y no podía esperarse de la centroderecha que cambiase
drásticamente su rumbo y el de las respectivas naciones? Es probable
que factores muy especiales hayan inducido a consagrar victoriosos
a quienes se comprometían a seguir con los ajustes. Si se analiza en
detalle el cuadro electoral resultante de la consulta popular última en
tales países se advertirá que, al menos en el caso de Grecia y España,
no se produjo un incremento significativo de votos del centroderecha sino que se aprecia, con toda claridad, una muy importante mermas
de votos que anteriormente habían acompañado a la socialdemocracia.
En España, por ejemplo, de 3 a 4 millones de votantes que cinco
años antes habían sido patrimonio del PSOE no fueron a votar en
los comicios del año pasado. Allí radicó el principal factor de triunfo
del Partido Popular. Éste no creció a expensas de la decadente socialdemocracia,
sino que triunfó porque un porcentaje no desdeñable
de ciudadanos abandonaron al PSOE. En Grecia, una muy intensa
campaña de la derecha expresada dentro y fuera del país, que pronosticaba
una hecatombe si triunfaba la agrupación de izquierda
Syriza, impregnó la campaña electoral de un generalizado temor. Al
mismo tiempo, el Partido Socialista griego, el PASOK, que era cómodo
triunfador en los comicios de 2012, mermó significativamente su
caudal electoral. La oposición estuvo integrada por tres agrupaciones
que parecían coincidir en el modo de dar respuesta desde la izquierda
a la crisis pero que, en la realidad, siguieron caminos separados,
impidiendo el triunfo de una opción electoral contraria al modelo
dominante. Una agrupación minoritaria de centroizquierda se avino
a integrar el gobierno liderado por la derecha (en el mes de junio
decidió abandonar la coalición gobernante) y el Partido Comunista
ortodoxo no aceptó hacer alianza con Syriza y no permitió constituir
una mayoría de parlamentarios.
En los tres países citados (España, Portugal y Grecia), entonces, la
opción socialdemócrata le abrió camino al plan de ajuste y austeridad
de la Troika, empujada por la banca alemana y su gobierno, y luego,
castigada por la población por su decisión contraria a sus principios
históricos, fue desplazada de los tres gobiernos y posibilitó el triunfo
de la opción derechista.Nos preguntamos y se preguntan los analistas
de este proceso de deterioro estructural de la socialdemocracia europea
representado por estas tres experiencias paradigmáticas: ¿por
qué adoptaron las estrategias de sus enemigos de siempre?
El declive socialdemócrata no es reciente sino que se nutre de trayectorias
previas altamente desalentadoras. El caso más evidente fue la del Partido Laborista inglés, que abandonó todo atisbo de su originaria
fuerza transformadora (como lo demostró en el primer gobierno
de posguerra cuando socializó la medicina e impuso medidas de
transformación muy profundas en el campo impositivo, de la propiedad
de la tierra urbana, entre otros). En el caso inglés, se escogió la
figura de la Tercera Vía, que tuvo como adalid ideológico a Anthony
Giddens y como ejecutor a Tony Blair, este último en estrecha alianza
en el campo de las políticas nacionales e internacionales con el
ideario republicano en Estados Unidos de América. Navarro nos recuerda
en su artículo que la justificación esgrimida por el laborismo
inglés fue que “la globalización hacía imposible la continuación de
aquellas políticas socialdemócratas. El keynesianismo, por ejemplo,
ya era imposible. Los estados perdían poder frente a la globalización
y no podían seguirse políticas expansivas”.
Entonces, frente a la necesidad de tornar a las economías cada vez
más competitivas, dada la creciente exigencia impuesta por la globalización
mundial de hacer frente a mercados abiertos y muy disputados,
el salario dejaba de ser un factor central en la expansión
de la capacidad de consumo interna para convertirse crecientemente
—hasta suplantar la función previa— en un costo que era imprescindible
comprimir. Entonces, afirmaban los que incorporaban al histórico
ideario de fortalecimiento de la trama social este ingrediente
central del neoliberalismo, se tenía que necesariamente abandonar toda política de crecimiento real del salario y, por el contrario, imponer
su fuerte contracción.
La socialdemocracia inglesa abandonó sus postulados tradicionales
y se convirtió, al decir de Navarro, en el socioliberalismo, incapaz
de mantener sólida la alianza clase trabajadora-clase media, que fue
central en la expansión y consolidación del Estado de Bienestar en la
época de oro de la posguerra, signada por el período abarcador de
la etapa 1950-1980. El New Labour Party abjuró de sus principios e
impulsó como motor de la economía al sector financiero, cuya participación
sobre el PBI llegó a 32% en 2010 desde la mitad que detentaba
20 años atrás. Al mismo tiempo, la del sector industrial caía
fuertemente en el período citado, de 20% en 1978 a 12% en 2010. La
desregulación financiera ganó importante espacio en el ciclo político
de Tony Blair, al tiempo que se acentuaba la flexibilización laboral y
la desregulación de los respectivos mercados para deprimir el salario
y reducir costos de producción a fin de enfrenar la competitividad
globalizada.
Igual derrotero afrontó la socialdemocracia alemana que fue pionera
en apoyar al capital financiero y al capital exportador a costa del nivel
de vida de los trabajadores alemanes mientras detentó el gobierno
antes de la experiencia Merkel. Las políticas del Partido Socialdemócrata
alemán significaron una reducción de las rentas del trabajo y
contribuyeron al estancamiento de la economía como consecuencia
de la disminución de la demanda doméstica, suplida por el creciente
rol de locomotora de la capacidad exportadora europea. O sea, pusieron
en marcha la estrategia de la austeridad que inducía a la baja
de salarios para no tocar el euro, devaluando la moneda en forma indirecta
y otorgándole a la industria alemana mayor competitividad.
El ministro de Economía del gobierno Schroeder, Oskar Lafontaine,
disconforme con esta estrategia, renunció a su cargo y abandonó el
partido, dando lugar a la creación de otra agrupación política. Lafontaine
proponía proseguir con las políticas de posguerra alentando,
mediante aumento de salarios, la demanda interna. En su enunciado programático, el partido creado como disidencia del PSD y denominado
“La izquierda” (Der Linke) claramente optó por una propuesta
que se enfrentó al socioliberalismo que había impregnado la política
oficial. Merkel, entonces, no hizo otra cosa que continuar con la política
previa heredada de la socialdemocracia, pero acentuándola en
defensa de la banca alemana y de su objetivo de acrecentar el ritmo
exportador sin devaluar la moneda.
El PSOE, en España, siguió un derrotero como responsable de la conducción
del Estado muy similar al visto ya en Alemania y Gran Bretaña.
Desde que comenzó a gobernar en 1982 hasta 1993, se impusieron
políticas keynesianas de ampliación del gasto público social para
instalar un Estado apto para satisfacer las demandas de los sectores
populares. Como herencia de la dictadura franquista, el país era el
más retrasado de la Unión Europea, en aplicar políticas de satisfacción
de necesidades sociales de la población. En 1993, luego de haber
cerrado gran parte de la brecha social, tuvo lugar un cambio muy importante
en la conducción del Estado. Como resultado de la pérdida
de la mayoría parlamentaria, el PSOE se alió con la derecha española.
Esta opción, dice Navarro en el artículo referido, supuso “un espectacular
descenso del gasto público social por habitante, políticas
que fueron continuadas por el gobierno Aznar hasta 2004”. Zapatero,
que recuperó en ese año el gobierno para el PSOE intentó retomar la
senda de las antiguas ideas distribucionistas de la socialdemocracia
acompañadas de un incremento del gasto social, pero se rodeó de
notorios personajes ultraliberales, en especial en el manejo del Banco
de España, que lo hicieron desistir de su intento reformista.
En un nuevo mandato popular, toda la gestión de Zapatero se tiñó
ya de un enfoque neoliberal y pro capital financiero que acentuó el
descontento popular. Su política se orientó a reducir sustancialmente
los derechos laborales y sociales en el país, como respuesta a la crisis
que afectó muy seriamente el tejido productivo y social. Al tener
esa respuesta tan claramente pro-cíclica, intensificó el daño sobre la
dinámica social y estimuló el generalizado descontento. Es muy significativo que Navarro, que escribió su artículo en una fecha no muy
distante de las elecciones generales, haya afirmado allí que, “de continuar
estas políticas, la socialdemocracia española sufrirá un declive
electoral profundo, tal como ha ocurrido a la mayoría de los partidos
socioliberales en la Unión Europea”. Y no se equivocó, dado que el
PSOE fue derrotado por el Partido Popular de Rajoy, claro exponente
de la derecha española, en el mes de noviembre de 2011, no porque
la agrupación triunfante hubiese aumentado sustancialmente su votación
sino porque más de 4 millones de votantes, que en la elección
anterior habían votado por el PSOE, se abstuvieron de concurrir a los
comicios, en clara señal de protesta.
La segunda fase de la crisis en Europa (2012- ), que la ha colocado
en una etapa de recesión económica no tan aguda como en la primera
(2008-2009), ya está liderada en forma neta por los gobiernos
inclinados hacia posiciones de centro-derecha, que no hicieron otra
cosa que intensificar su aceptación silenciosa y complaciente de las
exigencias del capital financiero alemán instrumentadas por la célebre
Troika. Y la puerta de entrada a esta última fase de la política
de austeridad fue efectuada, aunque a desgano, pero sin oponer una
solución diferente, por los partidos originalmente socialdemócratas
en el poder.
La socialdemocracia europea tiene una nueva opción en el gobierno
francés, que reemplaza al de derecha de Sarkozy. La bandera que levantó
en la campaña electoral el Partido Socialista fue la que planteaba
con mucha energía una salida distinta a la crisis, que se basaría en
el crecimiento económico y en el fortalecimiento de la demanda interna
antes que en un plan de estabilidad económico-financiero para
asegurar el pago de la deuda a la banca alemana. En su primer año de
gobierno, es poco lo que se ha andado en esa dirección y a las palabras
de rechazo permanente a la estrategia de la austeridad no le han
acompañado los hechos. Tal es así que la aceptación pública del gobernante
François Hollande ha caído en el primer trimestre de 2013
a porcentajes muy bajos, no vistos en las últimas décadas en ese país.
La socialdemocracia europea, al traicionar sus ideales de siempre,
se ha convertido en una verdadera desgracia. Además, sufre una inmensa
crisis como consecuencia del agudo desencanto que amplios
sectores del trabajo y de clase media baja tienen por la pérdida de
identidad y consecuencia con los valores que le dieron realce en la
vida europea hasta mediados de los 70 o principios de los 80 del siglo
pasado. Navarro nos recuerda que la aguda declinación de la presencia
de la socialdemocracia en Europa se puede comprobar en forma
fehaciente con datos precisos. “La socialdemocracia en Europa está
inmersa en una profunda crisis. Pasó de gobernar en la mayoría de
países en la Unión Europea a estar en una minoría muy pequeña.
Su crisis se refleja, no sólo en derrotas electorales, sino también en
descensos muy marcados de sus afiliados: todos los mayores partidos
socialdemócratas europeos han experimentado un enorme descenso
de los miembros en tales partidos”, decía el texto mencionado, escrito
cuando todavía no habían ocurrido las derrotas en Portugal y
España.
En esta acentuada declinación, por partida doble (en los países y en
las filas partidarias), han jugado sin duda un papel central el abandono
de un reconocimiento cabal de la estructura social de los países
(donde el predominio de la clase trabajadora sigue siendo central)
que los llevó a apartarse de su defensa como prioridad política y a
comprar el discurso y las ideas neoliberales como exitosas y eternas.
El intenso retroceso social que ha supuesto el quiebre del modelo
de capitalismo financiero y especulativo —al que se plegaron en su
momento muchas de las dirigencias socialdemócratas como un espejismo
reluciente— y su extrema debilidad en respuesta a ese quiebre,
los desplazó del centro de la escena política europea. Pero no parece
haber habido, además, capacidad autocrítica como para retomar una
senda diferente. El ejemplo más patente, como ya lo hemos afirmado,
es el compartir el gobierno en Grecia con los verdugos de los trabajadores.
Más aún, en la última reunión del Consejo de la Internacional
Socialista en Cascais, Portugal, los días 4 y 5 de febrero de 2013, se emitió una declaración rayana en la hipocresía (ver Página 12 del 6
de febrero de 2013.) En ella, se condenan las políticas equivocadas de
austeridad y se pide que los poderes Ejecutivos gobiernen para todos
los ciudadanos y no sólo para unos pocos. Esta declaración, además
de estar firmada por varias de las autoridades de los partidos socialdemócratas
que abrieron el camino para la aplicación de las políticas
de ajuste, a fin de que hubieran recursos disponible de los gobiernos
para cancelar la deuda pública con los bancos alemanes, está suscripta
por el actual presidente de la Internacional: el ex primer ministro
griego Giorgos Papandreu, que fue muy crítico con los sacrificios
exigidos por la Unión Europea a los países del sur de Europa. Sin
embargo, en su país, el PASOK comparte el gobierno con la derecha y
está secundando la política de la austeridad, el ajuste y los sacrificios
extremos de la población para que el Estado disponga de recursos financieros
para hacer frente a sus compromisos internacionales. Esta
presencia muestra el descrédito total de la socialdemocracia europea,
envuelta en un marco de cinismo e hipocresía.
Finalmente, ¿qué sucede con los partidos socialistas en América latina?
En nuestro continente, la situación objetiva de la ubicación de la
socialdemocracia y el socialismo está indefinida. Hay partidos socialistas
compartiendo el gobierno del PT en Brasil, con Dilma Rouseff
a la cabeza, y en Ecuador con Rafael Correa. En Venezuela, si bien el
MAS (Movimiento al Socialismo) que integra la Internacional está
en la oposición dentro del frente de derecha que organizó el golpe
contra el gobierno constitucional de Chávez en 2002 y se opuso férreamente
a la política del líder de la Revolución Bolivariana, un segmento
importante de dicha agrupación acompaña al actual gobierno.
Hay figuras ministeriales que fueron dirigentes del MAS y, es de
destacar, su líder histórico y varias veces candidato a la presidencia
de la República en la década de los 70 y 80, José Vicente Rangel, fue
vicepresidente de Chávez en un tramo de su mandato constitucional
y sigue muy vinculado a la prédica que impulsa el “chavismo”, con su
proyecto de Socialismo del Siglo XXI. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS), que ocupa un lugar
prominente en el gobierno de Evo Morales, ha producido cambios
trascendentales en la estructura económica, social y política. El
MAS acompaña la actual gestión gubernamental, tendiente a crear
una nueva sociedad multicultural y crisol de todas las nacionalidades
que la integran, junto a sectores del trabajo, de la cultura, y del
campesinado. Así, su aporte ha sido inestimable para producir un
nuevo orden económico-social, conforme a enunciados básicos de
un socialismo que no renuncia a sus ideales redencionistas y transformadores.
En Ecuador, el proceso político novedoso construido mediante la denominada
Alianza País —que ha vuelto a consagrar a Rafael Correa
como presidente constitucional con casi las dos terceras partes del
electorado a favor— incluye al Partido Socialista, que tiene un rol
protagónico en la tarea de afirmar cambios estructurales en el perfil
económico-social de esa nación sudamericana.
En Uruguay, el gobierno del Frente Amplio, con el Partido Comunista
aliado al Partido Socialista y a agrupaciones sociales y políticas
vinculadas con las luchas históricas de los trabajadores y el pueblo,
avanza en sus metas de reformas de la sociedad, de la mano de Pepe
Mujica. Si bien las transformaciones internas no implican la amplitud
de los cambios observables en otras experiencias latinoamericanas
recientes, su política exterior es francamente progresista y su
gobierno se acopla vía Mercosur, Unasur y CELAC con los modelos
políticos más avanzados de América Latina.
El Partido de los Trabajadores en Brasil lidera un proceso político
que está cumpliendo su tercer período de gobierno y marcha hacia el
cuarto, liderado por Lula primero y Dilma Rouseff después, con señalados
cambios con respecto a las etapas previas de neoliberalismo
y autoritarismo desarrollista. Allí también el Partido Socialista forma
parte del equipo de gobierno que ha generado profundas transformaciones
en la vida social del país, aunque los avances no sean tan
significativos como en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, el caso chileno es atípico. El Partido Socialista, al que
perteneció el presidente Salvador Allende, depuesto por el sangriento
golpe militar de Pinochet en 1973, no está en la Internacional Socialista.
Su trayectoria reciente está signada por encabezar junto al
partido Demócrata Cristiano la coalición gobernante desde el retorno
de la democracia a fines de 1980, en forma ininterrumpida desde
la primera convocatoria electoral democrática hasta el triunfo de la
derecha hace cuatro años. La última presidente de esta secuencia, anterior
al actual jefe de Estado, fue la socialista Bachelet que, a finales
de 2013 fue consagrada nuevamente para encabezar el Poder Ejecutivo,
esta vez con el apoyo del Partido Comunista. Los sucesivos
presidentes luego de la vuelta a la democracia estuvieron muy condicionados
por la vigilancia militar y una Constitución que le daba
poder de control a las Fuerzas Armadas. El nuevo ciclo democrático,
con el retorno al poder de Bachelet, está en condiciones de romper
definitivamente con el pasado y asumir un perfil más orientado a
resolver agudos problemas sociales heredados de la dictadura militar.
La situación en la Argentina es, quizás, la más conflictiva de todas.
El Partido Socialista local, unificado y potenciado como fuerza política
a principios de este siglo, está vinculado estrechamente con la
socialdemocracia europea de la II Internacional. Su perfil es el de una
agrupación de tipo reformista, opositora al gobierno nacional, que
con la asunción de Néstor Kirchner a través de una variante progresista
dentro del justicialismo y apoyado por un arco significativo de
agrupaciones políticas y sociales de izquierda y centro-izquierda, ha
cumplido una década de gobierno con profundas reformas estructurales
a contramano de la historia previa, desde 1976 a 2003. El Partido
Socialista controla un gobierno provincial y tiene en el Congreso
una reducida representación parlamentaria y su ubicación ideológica
lo ha llevado de su original postura de centro-izquierda a otra más
propia de un proyecto de centro-derecha. Vinculado a la oposición
al gobierno de los Kirchner, posee estrechas coincidencias con las
posturas de la derecha, que pretende restaurar el proyecto neoliberal de los 90 y que terminó derrumbado por la explosión de la crisis
económica y social de fines del siglo pasado. Así se ha aliado a partidos
de centro o centro-derecha, a los sectores más concentrados de
los terratenientes rurales y a personeros de organismos financieros
internacionales. Recientemente, su líder, Hermes Binner, presumible
candidato a presidente por un difuso frente y cuyo perfil no se ha
terminado nunca de definir excepto en su posición de enfrentamiento
con el gobierno, manifestó su opción por Capriles en la elección
venezolana y su adhesión plena a las expresiones de rechazo a las experiencias
transformadoras en América Latina de la II Internacional
Socialista (Tiempo Argentino, 2 de junio de 2013, página 16).
Esta rápida revisión del panorama nacional e internacional en donde
opera la socialdemocracia europea y sus pocos asociados en América
Latina da cuenta de un serio desviacionismo ideológico y de una
ruptura franca con los objetivos históricos del socialismo, puestos a
prueba en la situación actual a partir de la destrucción sistemática
del Estado de Bienestar en el Viejo Mundo, a manos de gobiernos de
derecha, en muchos casos asociados a personeros locales de la socialdemocracia.
Los planes de austeridad orientados a salvar la banca
alemana, propiciados en su fase inicial por gobiernos liderados por
dirigentes de la socialdemocracia, están produciendo efectos francamente
retrógrados desde el punto de vista social, y antitéticos a toda
la postura histórica del socialismo.
No es descabellado, entonces, afirmar, como lo hace Rendón, que estamos
asistiendo a una declinación profunda de la conducta socialdemócrata,
que se ha ido convirtiendo —por darle la espalda a los
intereses de los sectores populares— en una verdadera desgracia.

Alfredo Palacios

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