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NOTAS SOBRE AMERICA LATINA Y SUS POSIBLES PERSPECTIVAS

por Guillermo Almeyra

Estas notas recogen una particular visión sobre los procesos actualmente en curso en el continente americano, poniendo de manifiesto las complejidades y contradicciones que cualquier proyecto de transformación radical debe afrontar. Heredero de una tradición de pensamiento crítico, el autor se interroga acerca de las posibles formas de la emancipación latinoamericana en el siglo XXI, pasando repaso a los equilibrios geopolíticos presentes en la región y a la incipiente y necesaria reconstitución del poder de los sectores populares.

 

 

El autor:

 

 

En primer lugar, aclaremos los conceptos. No hay una América Latina, sino diversas regiones y países con relaciones de fuerza entre las clases muy particulares y con grados y formas diferentes de integración en el capital financiero internacional. Aunque en todos ellos se presenta el problema de la enorme concentración de la riqueza y de la gran desigualdad entre los diversos sectores sociales, así como el del control por el capital extranjero de la mayoría de las empresas y capitales, dadas las diferencias en el grado de industrialización, de concentración industrial y de urbanización que existe entre los distintos países varía mucho el peso social y la organización de los trabajadores, en el sentido más amplio de esta palabra, es decir, en la del obrero social colectivo. Además, en el medio rural, hay países donde pesan las reivindicaciones de los pueblos originarios mientras en otros, como Argentina, Uruguay y Brasil, hace rato que las relaciones capitalistas dominan en la agricultura (y fenómenos como el esclavismo son en realidad propios de esta última fase de la explotación capitalista, con el despojo masivo de los recursos naturales y los territorios  por el capital y con el resurgimiento de formas de explotación y de dominación propias del liberalismo del siglo XIX).[1]

Como siempre, además, es el Otro el que define nuestra identidad. En efecto, lo que nos une en un “nosotros” es el enfrentar a “ellos”, es decir, al yugo de las empresas transnacionales y a la dominación de los imperialismos, en particular del estadounidense, que pesan por intermedio de los socios nacionales de las primeras y de los gobiernos dependientes del último y establecen una relación de profunda dependencia que impera en todos los países, incluso en los mal llamados “emergentes”. Si se llegase a concretar en las próximas décadas la Nación latinoamericana en un proceso de unificación tal como se crearon en los siglos XIX-XX  los países actuales sobre las bases de las luchas regionales será porque, por sobre nuestras diferencias y localismos, está la agresión y la dominación extranjera, aliada a las clases dominantes locales, lo cual deja la tarea de la liberación nacional en manos de los trabajadores urbanos y de las zonas rurales, cualesquiera sean sus particularidades sectoriales. América Latina será socialista, o no será. Los sueños de Manuel Ugarte y de José Carlos Mariátegui sólo pueden concretarse en la fusión de una revolución democrática y de liberación nacional con la liberación social del yugo del entrelazamiento de la oligarquía, el capital nacional y el capital financiero e industrial internacional.

 

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En segundo lugar, veamos más de cerca qué son los gobiernos llamados progresistas latinoamericanos y si el socialismo de las declaraciones y aspiraciones de algunos de ellos corresponde realmente a una superación del capitalismo como sistema  y como régimen político.

La revolución en nuestro continente forma parte de una Revolución francesa inconclusa a nivel mundial, de una revolución para obtener la liberación y la unificación nacional, para imponer la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es una revolución democrática, antiimperialista, con una dinámica socialista que le viene del triunfo del capitalismo en escala mundial y de la imposición por el mismo de relaciones semicoloniales o de dependencia lo cual hace imposible reproducir la vía histórica mediante la cual las grandes potencias se construyeron como países capitalistas y “democracias”.

Incluso en los países latinoamericanos mayores y con más desarrollo capitalista, como Argentina, Brasil o México, la llamada “burguesía nacional” es sumamente débil y está entrelazada con el capital financiero internacional; el grueso de los capitales y las principales empresas tecnológicamente innovadoras y exportadoras son extranjeras; la producción agrícola está dominada por el agronegocio transnacional y las finanzas están en manos de la banca extranjera. La lucha por un proyecto autónomo de país pasa necesariamente, entonces, por el combate contra la alianza entre el capital financiero, las oligarquías tradicionales (que pasaron a invertir en la industria y en las finanzas) y el capital imperialista y es, por lo tanto, una lucha política, por el poder, una lucha objetivamente anticapitalista (por el bloque que enfrenta) aunque sea vista por sus protagonistas inicialmente sólo como una lucha nacional-democrática.

La debilidad de las burguesías nacionales hace que éstas carezcan de proyectos estratégicos de desarrollo  propio desde el fracaso estruendoso del desarrollismo de la CEPAL  y de los gobiernos como el de Arturo Frondizi, en Argentina, o Juscelino Kubitschek, en Brasil, o del desarrollismo corporativo del PRI mexicano. El debilitamiento de los gobiernos proimperialistas y de la propia dominación de Estados Unidos es entonces aprovechado por grupos de la clase media surgidos de los sectores militar (Toro, Villarroel, Perón, Velazco Alvarado, Chávez), estudiantil (el mismo Mao o Fidel Castro), incluso sacerdotal (Lugo, Aristide), que dirigen la protesta popular y constituyen gobiernos nacionalistas-distribucionistas. Éstos intentan compensar la fuerza económica del imperialismo y de sus aliados nacionales oligárquicos y capitalistas apoyándose entonces en un movimiento obrero que puede ser muy numeroso, como en Argentina o Brasil, pero que siempre se sometió a la negociación con el Estado, a formar parte del aparato estatal en su misma cúpula burocrática (como la dirección de la CGT argentina, integrada en el partido-gobierno) y está marcado por la ideología de la unidad nacional, no por una visión política basada en la lucha de clases y cuyas alas extremas son clasistas, combativamente antipatronales y antiburocráticas, pero carecen de una visión alternativa, anticapitalista, socialista. Desde Lázaro Cárdenas, el más claro ejemplo de este tipo de gobiernos,[2] pasando por Perón, Vargas, Ibáñez del Campo, Velasco Alvarado, hasta Hugo Chávez o Rafael Correa, sectores de las clases medias descolgados de las clases fundamentales de la sociedad se oponen al grueso de las clases dominantes tratando de utilizar como masa de maniobra el apoyo popular. Los obreros, controlados y temidos para evitar que desborden al gobierno, son simplemente la infantería de éste. Los sectores no proletarios que encabezan lo que definen “lucha por el socialismo” tienen miedo a la maduración y organización de los obreros que, en los países dependientes, como China, o Cuba, o Venezuela, no han sido ni los dirigentes ni los protagonistas principales de un proceso revolucionario que  sin embargo apoyan y del cual son beneficiarios.[3]  

Como todos los demás Estados del mundo, los que tienen gobiernos progresistas son Estados capitalistas: en el caso de Cuba, donde jurídicamente la mayoría aplastante de los medios de producción es de propiedad estatal, estamos ante un Estado burgués sin burguesía porque las relaciones de producción siguen regidas por las reglas capitalistas y el país está inmerso en el mercado capitalista mundial. Pero ese Estado capitalista funciona como capitalismo de Estado y la burocracia es la representante y organizadora colectiva de ese capitalismo que, como reflejo del mundial, subsiste en la isla y determina las relaciones de mando-obediencia y la rigidez del aparato estatal centralizado. Éstas, dicho sea de paso,  se contraponen violentamente a las tendencias favorables a la construcción del socialismo porque el mismo requiere, imprescindiblemente, una ciudadanía consciente y con plenos derechos y la autogestión social generalizada –“es un sistema de comunas libres federadas” (Marx)- y eso conlleva, implícitamente, la agonía del Estado y “del control de las personas para llevar a la administración de las cosas” (Saint Simon, Engels), o sea, la socialización del poder.

A veces los gobiernos progresistas conviven con gérmenes de “poder popular” (o de autonomía y autogestión obrera y/o campesina) y hasta tratan de promover su organización. Los casos del llamado cogobierno COB-MNR, después de 1952 o del gobierno actual de Evo Morales, en Bolivia, así como los consejos municipales venezolanos  son un ejemplo de ello. Pero generalmente esos gobiernos nacionalistas distribucionistas que, sin el apoyo de la inmensa mayoría de los capitalistas, tratan de actuar en nombre de una burguesía nacional virtual y lo hacen mediante la concentración del poder estatal y un fuerte verticalismo decisionista, asfixian mediante el aparato estatal las mismas bases de autoorganización del apoyo popular, sea mediante el partido único (Cuba, en parte Venezuela), sea directamente con el aparato estatal o, indirectamente, mediante una parte de éste (la burocracia sindical, integrada en el partido oficial).

 El aparato estatal reduce al máximo la capacidad de información y de decisión de los protagonistas de todo cambio real –los trabajadores- y los Líderes sustituyen personalmente a ministros, instituciones o aparatos estatales o paraestatales de todo tipo en la adopción de decisiones y en la selección (o revocación) de los cuadros y de las políticas. Esta concentración del poder es consecuencia de la profunda división de los sectores burgueses y del hecho que, desde el gobierno, un sector que no es de origen burgués deba tratar de sustituir a una burguesía nacional inexistente apoyándose en fuerzas que no son capitalistas y que son potencialmente anticapitalistas. Este tipo de Líderes responden pues a una situación excepcional de lucha en la propia burguesía y en la sociedad (como Charles De Gaulle en la Resistencia, cuando enfrentó al ala pétainista-colaboracionista, mayoritaria,  de la burguesía francesa, o el mismo De Gaulle cuando debió conceder la independencia a Argelia en combate contra una parte de la burguesía y de los generales). Por eso los Líderes, en nuestro continente, combinan el papel de los Caudillos o “Capi Popolo” de las estructuras campesinas tradicionales con el del dictador-manager de las modernas empresas monopólicas, o al menos pretenden desempeñar ese papel. Pero, en vez de reforzarse, se debilitan así pues traban la fuerza principal de que disponen en el conflicto con la oligarquía y el capital transnacional y reducen también la ampliación del mercado interno.

 

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            Las clases son una relación, no algo fijo y cuantificable. En la relación de fuerzas entre ellas el debilitamiento de uno de los contendientes implica indirectamente el fortalecimiento relativo del otro. Ahora bien, Estados Unidos, en América Latina, está perdiendo posiciones ante sus competidores imperialistas que se meten en las grietas que provoca el resquebrajamiento de su poder pero también ante la alianza entre los trabajadores (en el sentido amplio de la palabra: cuentapropistas, campesinos, pequeños propietarios y pequeños comerciantes, estudiantes, trabajadores industriales y de los servicios) con los débiles sectores remanentes de una burguesía nacional que trabaja sobre todo para el mercado interno y los gobiernos nacionalistas distribucionistas que la intentan representar.

La transformación de la OEA de “Ministerio de Colonias” de Washington en organismo de éste, pero para la mediación entre el imperialismo estadounidense y los gobiernos latinoamericanos, así como el desarrollo del ALBA, la subsistencia del Mercosur a pesar de la crisis mundial y de las diferencias entre sus miembros, la consolidación de los gobiernos de Venezuela y de Bolivia a pesar de las presiones e intentos de golpe contra ellos, la imposibilidad de imponer a los golpistas en Honduras, la crisis profundísima e inmanejable de su principal aliado -el gobierno de México- en la región, el fortalecimiento, en cambio, del de Brasil,  son sólo algunas de las manifestaciones de esta situación de retroceso relativo.

Estados Unidos, a pesar de su IV Flota, no está hoy en condiciones de aplicar la Política de las Cañoneras ni de derribar gobiernos: por el contrario, en vez de intentar invadir Cuba debe buscar aliados internos en la isla para debilitar así y, si fuese posible, liquidar, al régimen cubano con las mercancías y los envíos de dólares, no de mercenarios.

A la base real del consenso de que dispone el régimen cubano –el nacionalismo antiimperialista de la población, que las emigraciones de los burgueses y delincuentes depuraron dejando sin base social a Washington y a la burguesía gangsteril de Miami- el imperialismo le quiere oponer ahora  la perspectiva de un consumo y un confort muy superiores si Cuba se integrase plenamente a las condiciones que quiere imponerle el mercado mundial (es decir, el capital financiero internacional). Dicha zanahoria quizás pueda atraer al sector liberal y conciliador de la burocracia pero se opone a  los valores igualitarios de la mayoría de los cubanos que son, precisamente, los que llevan a éstos a enfrentar a la burocracia y los que refuerzan las filas de una minoría –creciente- de jóvenes e intelectuales que desean una renovación socialista, autogestionaria y antiburocrática y que se expresan en múltiples publicaciones, incluso oficiales, como Temas.  

            La crisis estadounidense muy probablemente se extenderá varios años, con un índice de desocupación que oscila hoy en Detroit cerca del 25 por ciento y que, en escala nacional, no bajará del 10 por ciento y con salarios deprimidos y puestos de trabajo-chatarra amenazados por la creciente inflación. El consumo doméstico se restringirá y aumentará el ahorro y el crédito personal está paralizado. Una parte muy importante de la burguesía estadounidense se opone violentamente a los salarios indirectos, como los planes de salud o la educación pública, y eso restringe también el mercado interno y cierra la posibilidad del ascenso en la escala social que soñaban antaño sectores populares. El “sueño americano” –la confianza en un futuro capitalista- se hizo polvo. A esto contribuirá también la debilidad del dólar, que pone en cuestión el papel del mismo como equivalente monetario internacional y, con él, el prestigio mismo de Washington.

La crisis interburguesa y las luchas sociales, por lo tanto, se agudizarán durante el gobierno Obama y no están excluidos intentos de golpes de Estado (trampas legales e incluso atentados contra el presidente) ni una radicalización del sector Obama del partido Demócrata si se viese acorralado, con los consiguientes cambios en la política exterior (Irak, Afganistán, hasta una reducción importante de los fondos a Israel, o concesiones a Cuba y low profil en América Latina) con tal de reorganizar la economía y la sociedad estadounidense, que se parecen a los establos de Augías, esa tarea heroica que sólo Hércules pudo llevar a cabo.

            Es posible, en consecuencia, un escenario caracterizado por el debilitamiento de Estados Unidos en la región, por la penetración de capitales europeos en países claves, por la creciente inestabilidad de los aliados locales de Washington  (Felipe Calderón, Alvaro Uribe, Alan García ) a pesar de los Planes Mérida y Colombia y, a pesar de la crisis económica, por el mantenimiento (aunque en condiciones difíciles) de los gobiernos de Chávez y de Correa así como por una política  militar  de bajo perfil, no obstante la instalación de nueve bases en Colombia.

            Sin duda el imperialismo cuenta con la posible victoria de las fuerzas políticas de derecha en las elecciones próximas en países importantes, como Chile, Uruguay, Perú o Brasil, y con la dura lucha política que enfrentará el gobierno argentino en los próximos dos años, pues no podrá disponer de una mayoría parlamentaria ni impedir el fortalecimiento del bloque formado por el capital financiero, la gran industria y la oligarquía (terratenientes y exportadores) el cual está apoyado por las clases medias rurales y urbanas. Pero como lo muestra el caso de Alan García en Perú, una cosa son las mayorías electorales y otra muy diferente es el control real de la sociedad por las derechas que, además, están divididas.

Por eso, si en una segunda vuelta electoral las derechas uruguayas consiguiesen la mayoría para Lacalle eso no quiere decir que tendrán una vida tranquila porque las luchas sociales siempre tienden a ser mayores contra los gobiernos que son percibidos como antiobreros. Lo mismo podría suceder en Chile si triunfase el gran empresario Sebastián  Piñera, ya que la lucha de los mapuches recrudecería, al igual que los movimientos obreros y estudiantiles que se produjeron durante todo el gobierno de Michelle Bachelet.

En realidad, si las derechas pueden arrastrar detrás de sí parte importante de las clases medias es porque los llamados gobiernos progresistas, en Chile, Argentina, Uruguay o Brasil, no han combatido los valores del gran capital, han conciliado permanentemente con éste, le han hecho importantísimas concesiones, han reforzado sus sectores de punta (mineros, financieros o sojeros), han dependido de la utilización corporativa de los sindicatos burocratizados para controlar su propia base electoral de masas e impedir la organización independiente de ésta. Por consiguiente, no ha habido una educación política de la población, que de este modo puede caer en las redes de la información sesgada y mentirosa de los grandes medios de la derecha, ni los trabajadores han podido presentar una alternativa creíble, lo cual ha dejado la bandera del orden, de la seguridad, de la estabilidad ¡y hasta de la honestidad! en manos de los que viven de la explotación del trabajo ajeno y del despojo de los recursos naturales para entregarlos al imperialismo.

 

***

 

            Los movimientos sociales, es decir, la organización de fuerzas populares en torno a reivindicaciones y objetivos comunes, con una permanencia en el tiempo que les da continuidad a pesar de los cambios en sus líneas y su liderazgo, forman parte esencial, en mayor o menor medida, de la vida política de todos los países de América Latina.

Ellos podrían ser clasificados en unos pocos grandes grupos con la salvedad de que, por ejemplo, los movimientos de defensa del ambiente o del territorio pueden ser a la vez movimientos democráticos y reivindicar reformas o  coincidir   con  movimientos

indígenas, rurales o autonomistas, así como muchos movimientos sociales urbanos pueden ir más allá de la reivindicación de leyes y reformas y ser la base de movimientos políticos alternativos antisistémicos.

De este modo tenemos en toda América Latina los movimientos indígenas que luchan principalmente en defensa de su territorio y del medio ambiente que es la base de su vida (Ecuador, los indígenas de la Amazonia de Perú, Guatemala  o los mapuches neuquinos o chilenos), los movimientos indígenas que además luchan por la igualdad de derechos jurídicos y sociales y por la construcción de Estados plurinacionales (Bolivia, México, Colombia, Ecuador), los que construyen, como base de su democracia y de relaciones estatales democráticas desde abajo, estructuras autónomas (los Caracoles zapatistas en Las Cañadas, en Chiapas, México, la policía comunitaria en Guerrero, México, los municipios autónomos, como el de Xotlistahuaca, México), los que organizan la policía sindical en algunas zonas de Bolivia y aplican las leyes comunitarias, construyendo zonas de poder dual frente al poder del Estado nacional.

Como hemos dicho anteriormente todas estas expresiones de lucha se sobreponen e intersectan y constituyen el plurifacético movimiento indígena, que no es milenarista ni mira al pasado sino que se orienta hacia el futuro y, por lo tanto, es una fuerza social transformadora y democrática de alcance nacional y  regional. Contra lo que piensan algunos antropólogos y etnólogos pero también algunos indigenistas radicales, el mundo indígena forma parte del mundo rural capitalista actual, está subsumido por el capital, no es una expresión de  un resto del pasado ni del aislamiento con respecto al mercado sino la otra cara del mercado capitalista mundial, forma parte de éste y de la modernidad.

Las regiones “autónomas” zapatistas, por ejemplo, no son ni pueden ser autónomas, no sólo porque no puede haber autonomía real en regiones aisladas y atrasadas como no puede haber socialismo en un solo país, sino también porque la pobreza hace que sus habitantes deban emigrar definitivamente (incluso cuadros zapatistas) para ir a Estados Unidos o emigrar en algunas estaciones del año, después de las magras cosechas en sus escasas tierras, para integrarse en el mercado de trabajo (los hombres, en la construcción, las mujeres, en el mercado de artesanías o el trabajo doméstico) para complementar sus ingresos, al mismo tiempo que compran sus insumos y vestimentas en el mercado, venden en él sus excedentes (como el café) y recurren a los hospitales del Estado central o a las escuelas secundarias del mismo, por carecer de ellas. Los indígenas más aislados (los lacandones, por ejemplo) están también en el mercado porque el moderno capitalismo ha subsumido la agricultura y los modos de producción precapitalistas y los ha integrado en forma subordinada.[4] .

            Además, si por ejemplo sumamos las cincuenta y seis etnias mexicanas, tendremos apenas un quince por ciento de la población total del país, aunque su peso en las zonas rurales y particularmente entre los pobres sea mucho mayor, según la zona geográfica de que se trate.[5] Son pocos los países (Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia) donde la proporción de miembros de los pueblos originarios superen ese número, lo cual convierte a los indígenas en una fuerza muy grande en el sector rural pero, al mismo tiempo, les plantea la necesidad de alianzas políticas nacionales con sectores urbanos (contrariamente a lo que hacen, por ejemplo, los zapatistas mexicanos) en pro de un proyecto de país alternativo, compartido con ecologistas, demócratas, antiracistas, defensores de las igualdades de género y sexual, anticapitalistas y libertarios de diverso tipo.

            No estamos pues, simplemente, como teorizan algunos sociólogos latinoamericanos (Quijano, por ejemplo), sólo ante un proceso de descolonización de las sociedades y de los Estados porque el racismo está implícito en la sociedad de clases, que extiende la propiedad privada a las personas transformadas en bestias de trabajo ya desde la más remota Antigüedad, mucho antes del capitalismo y, por lo tanto, de la Colonia, y sólo acabará con la sociedad de clases mediante una vasta revolución democrática que tenga un contenido social radical. Entre otras cosas, Robespierre fue guillotinado porque se tomó en serio lo de la fraternité y quería hacer realidad la libertad de los esclavos de Santo Domingo dándole así un duro golpe a la burguesía de Burdeos, naviera y esclavista…

La igualdad de los indígenas y el fin del racismo, como la igualdad de la mujer y el fin del paternalismo deberán ser la consecuencia de una revolución democrática en la que los pueblos originarios son la punta de lanza, pero no los únicos combatientes.        

            Los gobiernos llamados progresistas, al responder a las exigencias del mercado, esperan paliar la crisis a nivel local, por ejemplo, aumentando la producción de soja a costa del ambiente y de los campesinos o recurriendo a la gran minería a cielo abierto, a costa del agua y de los glaciares, o a la explotación petrolera, a costa de los bosques nativos. Eso lleva a conflictos en defensa de los recursos y del territorio que son, a la vez, luchas por la decisión democrática de las opciones posibles de desarrollo y construcción de frente populares para dar una base a una economía regional alternativa. Estos asumen la forma de pobladas y unen a vastos sectores de las poblaciones locales con una parte de los campesinos o campesinos indígenas afectados (como los vilelas, del MOCASE santiagueño) y con una parte de los obreros, como se ve en Guatemala, o en La Rioja y San Juan, en Argentina. El problema del control del territorio, que es una construcción social, se une con el de la tenencia de la tierra y el de las políticas estatales para la producción agroganadera y se suma a la lucha por la autogestión, en ciertas condiciones, o por la autonomía en las decisiones y por la democracia.[6]

            Por último, aunque sólo en orden de exposición, están los movimientos sindicales campesinos u obreros y los movimientos de obreros desocupados (piqueteros y fábricas recuperadas). Las diferencias entre los diversos países son grandes: en México, por ejemplo, existen Centrales campesinas - como la Plan de Ayala, partidarias de la autonomía y zapatistas desde los años setenta, mucho antes del zapatismo del EZLN- que son democráticas e integran indígenas, pero predominan las organizaciones campesinas corporativas, burocratizadas, al servicio generalmente del Partido Revolucionario Institucional aunque el Partido Acción Nacional ha intentado también sin mucho éxito, crear las suyas.

En los países centroamericanos y sudamericanos las Centrales campesinas (salvo en Perú) tienen menos fuerza y las luchas más duras las dirigieron los campesinos- indígenas o indígenas-campesinos, apoyados en su comunitarismo. En Brasil la Contag fue cooptada por el gobierno del Partido do Trabalho y el Movimento dos Sem Terra (MST) oscila entre la necesidad de presionar al gobierno de Lula y la esperanza de lograr algo del mismo y probablemente se radicalizará más en el caso de una victoria de la derecha en la carrera presidencial.

            En cuanto a los movimientos sindicales, salvo donde existe una gran represión, como en Colombia o en Honduras, buscan sobre todo presionar a los gobiernos sin crearles demasiados problemas pues, en el caso chileno, o en el uruguayo, aunque no formen parte directamente del aparato estatal, son un organismo de mediación del mismo y, en el argentino, están integrados directamente en el partido de gobierno, en el subgobierno y en las ventajas económicas que da a la burocracia el manejo de las Obras Sociales con la connivencia gubernamental.[7]  Los que son independientes del gobierno, como los de la Central de Trabajadores  Argentinos, no reciben la personería gremial, en violación directa de las resoluciones de la OIT y de la legislación laboral, y se apoyan, unos, en el gobierno para “hacer buena letra” y ser reconocidos (la dirección actual de la CTA) y otros (la dirección anterior), aunque a veces levantan reivindicaciones legítimas, en la oposición reaccionaria al gobierno, la Iglesia ultraconservadora y las fuerzas de la oligarquía y del capital rural y financiero.

            Los grupos piqueteros, por su parte, se han  reducido e institucionalizado al aumentar la ocupación desde el 2002 hasta el 2008 y la crisis actual, y los principales y más numerosos dependen del Estado para recibir apoyos y subsidios.

Este fenómeno de los piqueteros, típicamente argentino, que en un  primer momento marcaba la rebelión política de la sociedad y el intento de conquistar los espacios públicos para hacer un frente de todas las víctimas de las políticas del capital financiero incluyendo los pequeños ahorristas de las clases medias urbanas, se ha transformado en un instrumento de presión de algunos grupos sobre el gobierno y contra la oligarquía, y ha perdido sus lazos con otros sectores de la población.

            Las fábricas recuperadas, por su lado, aparecieron en Venezuela, Uruguay y Brasil, pero no en México, por ejemplo, a pesar de la gravísima crisis y el gran desempleo existente en ese país. Allí la carencia de experiencias sindicales independientes y la ilusión de encontrar una solución individual en la emigración hacia Estados Unidos[8] han impedido ese tipo de respuestas a los cierres de fábricas y empresas. Sin embargo, en esos países la ocupación y recuperación de las empresas no ha llevado sino muy excepcionalmente a su autogestión bajo la forma de cooperativas y a su dependencia-enfrentamiento con el Estado para lograr la expropiación de las mismas sino a una tutela estatal, que quita a los obreros el margen para la democracia directa y la experiencia autogestionaria, con la explosividad política que ella implica.  Por otra parte, la acción de la Iglesia católica y la presión del gobierno argentino han llevado a una división en el frente de las empresas recuperadas y, salvo en el caso de la planta ceramista Zanón, de Neuquén, han reducido el apoyo barrial y vecinal a las mismas, las cuales no son ya punto de irradiación política en el territorio.

            Los alegatos de sectores progubernamentales bolivianos de que el gobierno de Evo Morales es el gobierno de los movimientos sociales, no son correctos. Es, más bien, el gobierno del pool de las direcciones, más o menos burocratizadas y corporativas, de dichos movimientos, bajo la forma del MAS (Movimiento al Socialismo, el partido-movimiento oficial). Los movimientos sociales, en efecto, en toda América Latina, no tienen un proyecto político único y ni siquiera un plan de aspiraciones generales, como fue el Plan de Huerta Grande y La Falda, de 1957, en la Argentina, surgido de la recuperación de la CGT de Córdoba bajo la dictadura de 1955-1974.

Además, los movimientos sociales, por sí mismos, no pueden dar una dirección política al país, dada su heterogeneidad e, incluso, a menudo las oposiciones de intereses que existen entre unos y otros. Necesitan confluir en torno a un proyecto que no surja pragmáticamente, en la lucha cotidiana, como un ejercicio de sumas y de restas. Los movimientos sociales –tanto en Argentina como en Bolivia, Venezuela, Ecuador  o Brasil- deben, al mismo tiempo, distinguir inevitablemente entre sus enemigos de clase (imperialistas, oligarquía, grandes industriales) y sus adversarios o aliados transitorios en los gobiernos y, por consiguiente, es legítimo el apoyo del MAS al gobierno Morales, a condición de no idealizarlo como si fuera un gobierno de ellos ni de subordinarse a él y darle un cheque en blanco y la conducción del proceso.

Igualmente inevitable y justa es la coincidencia con tal o cual política de los gobiernos nacionalistas distribucionistas si éstos se oponen a los intereses de los sectores dominantes del capital nacional e internacional porque los movimientos sociales no pueden ser indiferentes ante la lucha interburguesa en la cual se enfrentan sectores que les son hostiles o algo más favorables. Deben, por lo tanto, hacer alianzas transitorias, golpear juntos con  esos gobiernos, pero sin hipotecar su independencia. Esa independencia de “los de abajo” aún no existe en ningún  lado porque, en todo el continente, impera aún la idea de la unidad nacional frente al opresor exterior y el sindicalismo, como en el caso histórico del peronismo, puede llegar a ser clasista pero no es antisistémico ni por su papel (discute la  venta de la fuerza de trabajo en las mejores condiciones y al mejor precio) ni por su conciencia política. Pero todo podría cambiar con la larga crisis capitalista o, mejor dicho, la utilización feroz de la misma contra las conquistas tradicionales, las organizaciones, la solidaridad y la intervención política de los trabajadores (campesinos, cuentapropistas, obreros de servicios e industriales, comuneros, pueblos originarios, etc.). La retórica sobre el socialismo del siglo XXI de quienes, hace pocos años, tomaban a Cristo como modelo social, muestra que las ideas sobre la superación del capitalismo, en democracia y con la autoorganización de los trabajadores se está abriendo paso.    




[1]. Ver al respecto Guillermo Almeyra, 2009, “Los movimientos sociales rurales en América Latina hoy” en Documentación Social-Revista de estudios sociales y de sociología aplicada, nº 152, enero-marzo 209, Ed. Cáritas española, Madrid., España. , págs. 93 y ss.

 

2. Estudiado por León Trotsky ya a fines de los años 1930, durante su exilio en México, sobre todo en sus artículos “Sobre el Segundo Plan Sexenal de México”, “Sobre la filosofía bonapartista del estado” o “La industria nacionalizada y la administración obrera”, 1976, Escritos, Tomo X, 1938-39, volumen 2, editorial Pluma, Bogotá-Buenos Aires

 

3. No es necesario recurrir al concepto cajón de sastre de Populismo, un ejemplo del cual es el libro de Ernesto Laclau,  La RazónPopulista, que pone en el plano de la subjetividad de los gobernantes y en sus características sicológicas lo que corresponde a una relación de fuerzas entre las clases en una situación histórico-social determinada.

 

4Ver G. Almeyra y Emiliano Thibaut, Zapatismo -un mundo en construcción, 2005, Ed. Maipú, Ituzaingó, Argentina.

 

5Así como no hay una América Latina tampoco hay un solo México, un solo Brasil, una sola Argentina, una sola Bolivia pues existen grandes diferencias ecológicas, económicas, demográficas y étnicas entre las diferentes regiones que componen nuestro países.

 

6Ver Maristella Svampa, revista OSAL nº 24 Movimientos Sociales: Argentina, Bolivia, Brasil, México y Paraguay.

 

7. Hugo Moyano, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) es vicepresidente del Partido Justicialista y una buena cantidad de burócratas sindicales son diputados o senadores.

 

8Donde viven y trabajan diez millones de mexicanos, en su mayoría indocumentados, es decir, el diez por ciento de la población total y  casi un  tercio de la PEA mexicana.

 

Alfredo Palacios

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